La notificación de citación, requerimiento y emplazamiento en el juicio de desahucio por falta de pago.

La primera notificación al demandado en el juicio de desahucio es objeto de análisis en la sentencia del Tribunal Constitucional 137/2017 de 27 de noviembre (recurso de amparo 5108-2016), que reitera el criterio del Alto Tribunal, cuya inobservancia es ya de por sí determinante de la existencia de especial trascendencia constitucional.

 

Según ese criterio, es inconstitucional el uso ampliamente extendido en los Juzgados de Primera Instancia de acordar la notificación mediante edictos, una vez se ha intentado la notificación en el inmueble objeto del desahucio. La interpretación acorde con el art. 24 CE implica seguir el curso normal de cualquier primer emplazamiento, según se desprende de la dicción del art. 440.3 LEC, que remite, en primer lugar al art. 161 LEC “teniendo en cuenta las previsiones” de los arts. 155.3 y 164 LEC. Por lo que, una vez intentada la notificación con resultado negativo, y si el actor no ha señalado otros domicilios, previo a aplicar el 155.3 LEC y en consecuencia la notificación por edictos del 164 LEC, como parecería desprenderse de la redacción del 440.3, hay que aplicar la remisión que hace el 161 LEC al 156 LEC, esto es, las averiguaciones sobre el domicilio.

Esto es así, no sólo por que resulta más conforme con la garantía de los derechos reconocidos en el art. 24 CE, sino porque de la misma remisión legislativa, no puede operar de otra forma, ya que el art. 440.3 LEC al remitir directamente al 161 LEC, lo hace en su totalidad, por lo tanto antes de aplicar la previsión del 155.3 LEC, hay que aplicar el 161.4 LEC, y por lo tanto averiguar otros posibles domicilio.

 

De forma que una vez redactado el art. 440.3 (en lo que afecta al requerimiento) según se hizo por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal, que dejó dispuesto que “el requerimiento se practicará en la forma prevista en el artículo 161, hay que preguntarse qué sentido tiene la modificación que se operó a través de la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, que añadió al anterior redactado “teniendo en cuenta las previsiones contenidas en el apartado 3 del artículo 155 y en el último párrafo del artículo 164. Si la interpretación del Tribunal Constitucional, por otra parte formalmente correcta, deja sin sentido esa diferenciación entre la notificación en los juicios de desahucio y cualquier otra primera notificación.

 

Quizás el legislador debería redactar, sin ambigüedades, que "cuando se trate de un juicio de desahucio por falta de pago se practicará la notificación en el inmueble objeto del desahucio y, en caso de resultar negativa, mediante edictos". Se podría arriesgar a que se declarase la inconstitucionalidad de la reforma, pero sería una norma clara, tal y como se está reclamando para las leyes desde varias instancias (conjuntamente desde la Real Academia Española y el Consejo General del Poder Judicial, como exponen en su Libro de estilo de la Justicia).

 

Por otra parte, la notificación es una de esas funciones que el legislativo desconfía de poner en manos de los profesionales, como se ve en las reformas últimamente habidas para que los procuradores puedan practicarlas; reformas que se articulan mediante normas de tortuosa redacción e interpretación, tendentes a restringir su aplicación.

 

Hace años que se han detectado dos grandes estorbos a la realización de la justicia en el procedimiento civil español, una es la notificación, y otra la averiguación y embargo de bienes en la ejecución. Ambas ganarían en agilidad si se dejaran en manos de los procuradores, con confianza, sin ambages, y con las garantías tendentes a evitar actuaciones ilícitas, consiguiendo los dos efectos que los profesionales de la justicia reclamamos a la Administración: liberarla de trámites que podemos realizar los procuradores, y ganar en agilidad.