Sentencia del Tribunal Supremo: acción pauliana

 

La reciente sentencia del TS (Roj: STS 5526/2016 - ECLI:ES:TS:2016:5526 // Id Cendoj: 28079110012016100705) de fecha 21 de diciembre de 2016, dedica su FD 3º a matizar el requisito de subsidiariedad para que prospere la acción de rescisión por fraude de acreedores. Los márgenes de interpretación de la subsidiariedad de la acción van apareciendo en cada uno de los tres aspectos relevantes que trata la sentencia:

 

 

 

  1. La insolvencia no debe darse de modo absoluto, bastando “una significativa disminución de la garantía patrimonial del deudor que impida o haga especialmente difícil el cobro del crédito”: El clásico elemento de la disminución del patrimonio que impida el cobro, se matiza ahora con una disminución que haga “especialmente difícil” el cobro. Dada la efectividad del proceso de ejecución dineraria civil en España, casi cualquier crédito se torna especialmente difícil de cobrar[1]. La valoración respecto de la práctica forense es que primero hay que instar una ejecución, que, con casi toda probabilidad, será fallida; para después iniciar un procedimiento declarativo en el que se debe probar que el crédito es de “difícil” cobro, prueba especialmente sencilla ya que la dificultad del cobro va en la propia naturaleza de la ejecución dineraria civil, de forma que la prueba de este requisito debería ser la propia ejecución. Si ésta es la interpretación que avala el Tribunal Supremo, indudablemente se está dando un gran paso tanto para evitar los fraudes como para dar algún sentido a la ejecución dineraria civil, revalorizándola como prueba de lo incobrable de un crédito.

 

 

 

  1. Innecesariedad de título ejecutivo a) siendo suficiente “la existencia y legitimidad de su derecho de crédito”, b) así como que se hayan “ejercitado otras posibles acciones preventivas o ejecutivas que al tiempo de producirse la disposición patrimonial del deudor carezcan de utilidad para el cobro de su crédito”: De este doble requisito es interesante la diferencia entre “título ejecutivo” y “crédito existente y legítimo”, puesto que el primero está unido a una acción ejecutiva, como ya he apuntado, de dudosa efectividad; mientras que la existencia y legitimidad del crédito es objeto típico de prueba en un procedimiento declarativo. No se podrá ejercer la acción si el crédito no existe o es ilegítimo, a pesar de darse la singularidad de que se tenga que probar el mismo en una acción subsidiaria, que presume la existencia del crédito justamente porque es el fundamento de la acción principal.

 

Respecto de las acciones que deben haberse ejercitado, no se requiere que se hayan agotado todas las posibilidades de prevención o ejecución, con lo que se cumpliría con haber intentado, fallidamente, ejercitar alguna. La doble naturaleza de la acción que debería haberse intentado puede dar lugar a distintas situaciones: al poder escogerse entre una acción preventiva o ejecutiva, la solicitud de un embargo preventivo o de una medida cautelar en un proceso declarativo, aunque fuera desestimada por el Juzgado, sería suficiente para considerar que se ha cumplido con este requisito de la acción; sin embargo puede resultar insuficiente instar un procedimiento de ejecución si en el mismo no se agotan las posibilidades procesales tendentes a satisfacer el crédito. Un ejemplo típico es el del deudor que comparece en el proceso declarativo representado por procurador, pero no en la ejecución, en la que, habilidosamente, evita ser notificado. Esta situación no es infrecuente, dada la costumbre que ha arraigado en los Juzgados de no aplicar el art. 28.1 LEC (que dice que la representación mediante procurador se extiende “hasta que quede ejecutada la sentencia”): amparándose en que la demanda de ejecución se debe presentar ante el Juzgado Decano, y no ante el Juzgado de Primera Instancia que conoció del procedimiento declarativo, se interpreta que la ejecución es un nuevo procedimiento y que debe notificarse al demandado personalmente y no, como dice la LEC, a través de su procurador. De esta manera una disposición administrativa que reglamenta dónde se presenta un escrito, se sitúa por encima de la Ley, facilitando el ardid del deudor.

 

 

 

  1. Cuando se trate de una responsabilidad solidaria la insolvencia que se debe tener en cuenta es la del deudor o fiador contra el que se acciona, cuando se cumplan los demás requisitos (propósito defraudatorio; insolvencia del deudor o de la fiadora) y no se incurra en un abuso de derecho: La naturaleza de la responsabilidad solidaria y la posibilidad del deudor de repetir contra los otros responsables facilita el derecho del acreedor, que no debe agotar las posibilidades contra todos los deudores. Los demás requisitos son también clásicos en la acción de rescisión por fraude de acreedores; pero el Tribunal Supremo ha apostillado estos requisitos indicando que no se debe incurrir en abuso de derecho, que debería ser un impedimento para que prospere cualquier acción, por lo que incluirlo entre los requisitos de la acción pauliana puede ser debido a que ésta es particularmente apta para amparar un abuso de derecho, lo que, indudablemente, debe ser conocido por los Magistrados del Alto Tribunal; o a que en la práctica el ejercicio de la acción enmascara una mera intención de perjudicar a otra parte, y no el objetivo de satisfacer el crédito, amparándose en la elección del deudor contra el que se va a actuar, la elección puede hacerse en perjuicio de un deudor concreto a quien se quiere perjudicar a pesar de estar en peor situación para satisfacer el crédito.

 

 

 

Como en tantos otros supuestos procesales, una ejecución mucho más ágil y menos burocratizada, en la que los profesionales velen por el interés de la parte, y en la que los Juzgados sólo tengan una función de control, haría innecesario en muchos casos tener que recurrir a la acción de rescisión para intentar conseguir el cobro de la deuda.

 



[1] Los datos que nos da el CGPJ hablan por sí solos, para 2015: ejecuciones pendientes al empezar el año: 632.067, pendientes al finalizar 639.612; aunque habría bastante que decir sobre qué datos se tienen en cuenta para que la estadística judicial rara vez coincida con el sentir de los profesionales que actuamos en los Juzgados.

 

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