¿Es efectiva la mediación?

Estamos asistiendo en medios jurídicos a la presentación de la mediación como una solución eficaz para los conflictos. Son tantos los esfuerzos que se dedican a publicitarla que sorprende que no haya voces discordantes, y entre ellas algunas que sean más sensatas o autorizadas que la mía, pero creo mi deber romper esa sospechosa unanimidad para exponer algunas de las sombras que, a mi parecer, ofrece la mediación.

 

Aclaro que voy a centrarme en la mediación que se ofrece como alternativa a las reclamaciones monetarias, es decir, al ámbito civil o mercantil, lo que se denomina por el ICAM en su “Díptico mediaICAM” como “disputas económicas”, aunque algunas de estas sombras se ciernen también sobre otros ámbitos:

 

     Me hace sospechar el afán que ponen los Colegios Profesionales para convencer a los colegiados de que la mediación es el futuro per se sin ofrecer argumentos a su favor, como mucho, algunos eslóganes, como es de ver en las páginas web de los principales Colegios de Abogados o Procuradores, que gastan más espacio en fomentar la formación que en aclarar qué ventajas ofrece para la realización del derecho de nuestro cliente.

     Por otra parte se pretende que es un medio “rápido”, “ágil” para solucionar un conflicto. Y no puedo dejar de preguntarme cuál de los siguientes medios consigue más rapidez para solucionar el conflicto entre partes con puntos de vista encontrados sobre una cuestión económica:


• Sentarlos ante un mediador, carente de autoridad, puesto que su intervención no se basa en la misma (si la tiene es por la persona que ejerce de mediador, o porque se la confíen las partes) durante una serie ilimitada de sesiones en que discutir todas las facetas de su desencuentro.
• Someterse a un procedimiento regulado y sometido a plazos (por lo menos para las partes), ante una autoridad indiscutible (un Juez) cuya decisión es revisable, pero también ejecutable.

 

     La supuesta “voluntariedad” del proceso también tiene sus puntos débiles. Se presenta como la piedra angular del mismo, en un intento de demostrar que lo importante es lo que quieren las partes. Esto puede ser así, es decir, que las partes acudan voluntariamente al proceso (no voy a plantear la serie de vicios que puede tener su consentimiento ante la campaña que se está haciendo a favor de la mediación), pero también puede ser que se vean obligados a, como se dice ya usualmente, “ir a mediación” porque así lo ha decidido una autoridad, que paraliza arbitrariamente un proceso y se niega a continuarlo usando todo tipo de estratagemas intimidatorias para obligar a las partes a acudir a la mediación.

 

     En cuanto a la especialización que se exige al mediador, no suele pasar de unos cursillos bastante generales, mediante los que accedes al status de “profesional altamente cualificado”. Es un mal endémico en España minusvalorar la formación pretendiendo magnificar los conocimientos que se adquieren, y luego requerir complementos formativos para suplir los defectos de la formación de base… pero ese es otro asunto.

 

     No quiero acabar sin referirme al “acuerdo” de mediación que no sabremos si se habrá alcanzado por agotamiento, por que su coste excede del presupuesto o por íntimo convencimiento de las partes, siendo éste último el que se difunde como habitual, con un corolario de beneficios, que van desde prevenir conflictos futuros hasta hacer que todos ganen y que nadie pierda.

 

Analizados los beneficios de la mediación, todos (y sólo he consultado webs jurídicas) callan que, irremediablemente, ante un incumplimiento no queda más remedio que acudir al único que puede ponerle remedio, o algo similar a un resarcimiento, y es el Estado, a través de uno de sus poderes: el Judicial. A eso se refiere el Título V de la Ley de mediación.

 

Toda esta apología de la mediación pretende que las partes cambien la fase que mejor funciona del proceso judicial, la declarativa, para abocarles a lo que sigue siendo el talón de Aquiles de la Justicia, una ejecución lenta, ineficaz (no admite ni siquiera una pálida comparación con el término eficiencia) y que justifica que los justiciables crean en figuras como la mediación, que no sustituye a la ejecución, sino justamente a la parte que mejor funciona de la Justicia, la fase declarativa. Sorprenden los medios que se están dedicando a desviar la atención de la fase que más o menos funciona de la Justicia, frente a los escasos y poco imaginativos “remedios” que se aplican a la realización del derecho, que es justamente la que más atención reclama del justiciable.

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