El derecho de los menores a ser oídos

 

La reciente sentencia del TEDH sobre el Derecho de los menores a ser oídos en un proceso de divorcio, destaca la importancia de un derecho establecido en varias normas españolas, pero sistemáticamente ignorado en los procedimientos de familia, aunque no es sólo en ese ámbito en el que los menores tienen el derecho a ser escuchados.

 

 

 

La sentencia del TEDH, fundamentada en el art. 6.1 del Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, viene a confirmar un derecho que ya tenemos específicamente recogido en la legislación española, tanto procesal como material, y que debería ser aplicable no sólo por alegación de las partes, sino de oficio, dado que se trata del interés superior del menor. En ese sentido cita la legislación española aplicable:

 

 

 

  • Específicamente en Derecho de familia: art. 92 Cc, art. 770.4º LEC
  • Como norma aplicable siempre que los menores puedan resultar afectados: art. 9 LO de Protección Jurídica del Menor; art. 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño

 

 

 

Esta legislación, a cuyo incumplimiento asistimos a diario en los Juzgados españoles, es fundamento, junto con el art. 61 del Convenio, para admitir la demanda.

 

 

 

Se matiza “el TEDH ha estimado que sería ir demasiado lejos decir que los Tribunales internos están siempre obligados a oír a un niño en audiencia cuando está en juego el derecho de visita de un padre que no ejerce la guarda”, pero en el caso de España, prevalece la norma imperativa del art. 770.4ª LEC “deben ser oídos por el Juez y, en todo caso, los menores con edades de 12 y más años”.

 

 

 

De esta interpretación debe concluirse lo irrenunciable de la norma, y ese carácter implica que debería ser exigible incluso de oficio, tal y como es principio procesal en la legislación española, que considera los derechos de los menores de carácter público, y lo recalca en las normas sobre indisponibilidad (art. 751 LEC), prueba (752 LEC), e intervención obligatoria del Fiscal (arts. 749 y 753 LEC), como corolario a la función del Ministerio Fiscal como “defensor de la legalidad” que se establece en su Estatuto Orgánico (Ley 50/1981).

 

 

 

Además de la obligatoriedad del Juez de escuchar a los menores de edad siempre que tengan 12 años o más, existe la misma obligación en caso de ser menores de 12 años si no concurren causas para no oírlos, es decir, el principio es que deben ser oídos, salvo que alguna circunstancia aconseje que no deban serlo.

 

 

 

Por otra parte esta sentencia invita a una reflexión sobre si el Fiscal, cuya presencia es inexcusable en los procesos con menores, puede priorizar otro tipo de señalamientos a los de un Juzgado de Familia cuando en hay interés de menores.

 

Archivo con la sentencia del TEDH en .pdf

 

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